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La nueva ley de industria

La crisis provocada por la pandemia del COVID-19 está teniendo duras consecuencias en muchos sectores de la economía española, pero también está impulsando nuevos cambios que, esperamos, puedan servir como solución y aprendizaje a las lecciones de dicha crisis.

Lydia Almohalla

Fecha 18/05/2022

La crisis provocada por la pandemia del COVID-19 está teniendo duras consecuencias en muchos sectores de la economía española, pero también está impulsando nuevos cambios que, esperamos, puedan servir como solución y aprendizaje a las lecciones de dicha crisis.

Entre los cambios más recientes, es de máxima actualidad, la implantación de la futura Ley de Industria por parte del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo el cual ya ha abierto el proceso de consulta en el que se invita a que todos los agentes económicos y sociales aporten sus ideas a la nueva ley y que estará disponible hasta el próximo 17 de mayo a través de los medios indicados en la web del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.

¿Por qué se ha planteado la necesidad de modernizar la actual Ley de Industria de 1992?

Con la pandemia han salido a la luz las carencias y fortalezas de la economía española, poniendo de manifiesto nuestro problema de dependencia externa para la obtención de los materiales básicos y, con ello, la necesidad de reforzar la base industrial de España.

En 2020 la Comisión Europea publicó “un nuevo modelo de Industria para Europa”, ante la declaración de la pandemia del COVID-19, en el que el estandarte consistía en la construcción de Mercado Único más sólido para la recuperación de Europa. Y donde la Estrategia Industrial se centra en las lecciones de la crisis, para fortalecer nuestra capacidad de resiliencia económica y acelerar la doble transición digital y ecológica manteniendo y creando empleos al mismo tiempo.

La futura norma española pretende modernizar el sector industrial en general potenciando aquellas medidas tendentes a frenar el cambio climático y para ello abogará por ideas tales como la economía circular, que es un modelo de producción y consumo que implica compartir, arrendar, reutilizar, reparar, renovar y reciclar los materiales y productos existentes durante el mayor tiempo posible, o, la neutralidad climática, o también conocida como neutralidad de carbono, consiste en conseguir emisiones de dióxido de carbono netas iguales o inferiores a cero, equilibrando la cantidad de gases de efecto invernadero liberados a la atmósfera con la misma cantidad de la que se retira por otras vías, lo que deja un balance de cero.

La digitalización del sector industrial

Pero la nueva Ley también llega para dar solución a la necesidad de digitalizar el sector industrial y afrontar las necesidades y retos que la actual ley no ofrece. La transformación digital en la industria implicará que las empresas que quieran crecer implanten sistemas sin límites, adaptables y esencialmente humanos para prosperar en un mundo en cambio constante.

En la actualidad la personalización juega un gran papel en el consumo y producir lo mismo para todos ya no vende. Las empresas que tendrán éxito previsiblemente serán las que creen experiencias y hojas de ruta inteligentes que faciliten y/o complementen la vida de las personas permitiéndoles así competir mejor en un entorno económico que cambia constantemente a medida que la tecnología evoluciona.

Necesidad de recuperación económica

Tanto la UE como España deben promulgar normativas que favorezcan una mayor flexibilidad y solidez de la industria europea. El plan europeo de recuperación económica “Next Generation EU” tiene como prioridad la fortaleza industrial en Europa, lo cual, en España, se ha traducido en la ampliación de los ERTE, formación de los trabajadores en el ámbito digital, impulso de la transición verde e implantación de la legislación sobre trabajo a distancia en España.

Para conseguir estos objetivos, en julio de 2020 se puso en marcha un programa de apoyo público a la solvencia empresarial y la inversión de hasta 50.000 millones de euros. Este plan consiste, por un lado, en un Fondo de Apoyo a la Solvencia, dotado con 10.000 millones de euros para invertir en empresas estratégicas. Por otro lado, el Instituto de Crédito Oficial puso a disposición una financiación adicional de garantía de inversiones por un importe de 40.000 millones de euros.

Pero, el desembolso de los fondos de la UE no es automático, sino que está condicionado a la elaboración de un Plan Nacional de Recuperación y Resiliencia cuya primera fase tiene como fecha estimada de cumplimiento enero de 2023.

Autoras: Patricia Ferreres y Lydia Almohalla 

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