La mayoría de las hipotecas contratadas con los bancos contienen una cláusula por la que todos los gastos derivados de la formalización del préstamo hipotecario para adquisición de vivienda son con cargo a los clientes consumidores. Esto supone un importante gasto para el cliente, ya que hablamos del Registro, Notario, Impuestos, etc.

Es práctica común en el tráfico jurídico diario la realización de negocios en nombre y representación de personas físicas y jurídicas extranjeras, los cuales, en buena parte de los casos, son llevados a cabo con base a poderes notariales otorgados ante fedatario público extranjero, lo que hasta la presente, pese a la corriente que ya apuntaba la Dirección General de los Registros y del Notariado (véase su Resolución de 27 de febrero de 2.014, BOE núm. 80, de 2 de abril de 2.014), no había generado problema alguno desde una perspectiva jurídica y mercantil, algo que como se va a exponer en estas líneas va a sufrir un cambio bastante brusco.

Hace casi un mes, nos despertábamos con la noticia de que tanto la Comisión Europea como el Banco Central Europeo (BCE) habían pedido al sector financiero que estuviese preparado para una posible sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre las cláusulas suelo que obligase a devolver todas las cantidades desde la firma de las hipotecas.

El pasado viernes 10 de junio de 2016, en el curso de una cena de gala en el Hotel Westin Palace de Madrid, les fueron entregados los premios Ciudadano Europeo del Foro Europa 2001, entre otras personalidades a presidentes de distintas Instituciones, profesionales del mundo de la abogacía, de la medicina y de la vida social y académica, entre ellos al presidente de Balms Abogados y presidente de la red internacional de abogacía Balms Group International, don Juan Luis Balmaseda de Ahumada y Díaz.