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A propósito de la medida 6.14 propuesta por el CGPJ para cuando termine el estado de alarma del COVID-19

Asumo las posibles responsabilidades que, para cuando termine este maldito estado de alarma, se deriven de lo que ahora escribo si nos mantenemos huérfanos de los derechos y libertades que nos han arrebatado, particularmente de la libertad de expresión, cuya simple desaparición ya se aventura.

Daniel Álvarez de Blas

Fecha 10/04/2020

Asumo las posibles responsabilidades que, para cuando termine este maldito estado de alarma, se deriven de lo que ahora escribo si nos mantenemos huérfanos de los derechos y libertades que nos han arrebatado, particularmente de la libertad de expresión, cuya simple desaparición ya se aventura.

Discúlpeme quien me lea por el tono de enfado, cabreo, hastío y vergüenza que seguro rezuman mis palabras, pero, compréndanme, llevó así desde hace ya no sé cuántos boletines oficiales de la propaganda. 

Estaba entregado a escribir algo sobre lo que se nos viene regalando desde aquel fatídico 14 de marzo, cuando me llega el “primer documento de trabajo sobre medidas organizativas y procesales para el plan de choque en la administración de justicia tras el estado de alarma”, elaborado por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Leída la introducción me centro, por aquello de la querencia, en las propuestas que afectan al orden social de la jurisdicción, y cuando llego a la número 6.14, relativa a la primera comunicación en el proceso laboral, encuentro más leña con la que avivar el fuego de mi inmenso cabreo y abro un nuevo documento.

Hoy por hoy no me importa una higa si este maldito virus viene de un murciélago que alguien se comió, si se creó en un laboratorio o si vino de Marte.

Hoy por hoy me importa, preocupa y enciende la lentitud con la que desde Moncloa se ha reaccionado, y el cúmulo de desastrosas consecuencias que de ella se ha derivado para España. Más de quince mil muertos oficialmente reconocidos y una absoluta ruina en la que ya estamos metidos hasta las rodillas. 

A esta paralización de España y de sus instituciones, también las judiciales, nos ha llevado la inoperancia de quienes tenían la obligación de protegernos, tratando de paliar los efectos de la emergencia sanitaria ocasionada por la pandemia de coronavirus COVID-19.

La situación del tejido empresarial, herido ya de muerte, empeorará con la posibilidad de ser condenado, sin ser oído en juicio, si esa propuesta 6.14 sale adelante.

Según la introducción de ese primer documento del CGPJ, que espero que, en gran parte, no llegue a más de simple propuesta, lo que se pretende es estar preparados para mitigar, en la medida de lo posible, los efectos negativos de la situación inédita y excepcional en que nuestros Juzgados y Tribunales se encontrarán cuando se levante el estado de alarma, ante la más que previsible avalancha de asuntos que se sumará a los que tuvieron que ser suspendidos.

Según el CGPJ, las medidas que plantea, basadas en los principios de eficacia, especificidad y globalidad, respetarán el derecho a la tutela judicial efectiva.

Tengo mis serias dudas con la número 6.14 con la que se pretende cambiar, de manera permanente, el sistema de notificación del primer emplazamiento, de manera que al empleador se le comunicaría su condición de demandado a través de la dirección electrónica habilitada, relegando al recuerdo el más garante medio del correo postal certificado. 

Sin duda, la medida propuesta será de gran efectividad si lo que se busca es descargar a los juzgados a través del aumento del número de procedimientos concluidos con sentencia dictada en una vista a la que el demandado no habrá podido comparecer por no saber de la existencia del pleito.

Pero el que sea eficaz no significa que sea decente ni constitucionalmente aceptable.

Con ideas como esta no me extrañaría ver a uno de esos cráneos privilegiados que nos gobiernan anunciándonos que, a partir de ahora, los juicios en la jurisdicción social se celebrarán por la regla del N.I.F. del demandado; si es número par, esta semana podrás defenderte en Sala y si es impar, te esperas a la condena, si es que llegas a saber de ella por no haber dictado la sentencia in voce.

O que a partir de ahora las notificaciones se hagan por el sistema del “pinto, pinto, gorgorito”, y así las niñas, niñes, niñis, niños y niñus de España sabrán, además de qué son los EE.R.T.E., cómo acabar con el Estado de Derecho.

Confío en que ésta y otras de las medidas propuestas no pasen el corte para que, cuando volvamos a la actividad, no nos encontremos con que el Estado de Derecho ha desparecido.  

Escribo en Viernes Santo. Comenzamos nuestro particular Vía Crucis, aunque nos lo hagan laico.

Que Dios nos pille confesados.

 

Daniel Álvarez de Blas


 

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